El SIglo: "El Colegio de Abogados accionará contra Ley de Subrogancias"

FUENTE: EL SIGLO

Por Fabián López

«Lo confirmó a EL SIGLO el secretario saliente de la entidad, Francisco García Posse, quien precisó que pedirán que se declare inconstitucional la norma aprobada el jueves por la Legislatura.
Todavía ni siquiera fue reglamentada y, sin embargo, la Ley de Subrogancias aprobada el último jueves por el alperovismo legislativo, dejando en manos del Poder Ejecutivo la selección de quienes ocuparán interinamente los cargos vacantes producidos en la Justicia, navega por un derrotero que la arrastra a una inevitable judicialización.Tal como habían advertido días antes de que la iniciativa sea tratada en el Parlamento, desde el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) confirmaron que accionarán legalmente contra la norma, solicitando que sea declarada inconstitucional.Así lo informó ayer a EL SIGLO el secretario la entidad colegiada, Francisco García Posse, quien precisó que la próxima semana (en principio, el miércoles) se reunirán las autoridades salientes y entrantes del CAT a los fines de consensuar la medida.Según explicó el letrado, la norma sancionada por la Legislatura "va en contra de lo establecido por la Constitución reformada en 2006 respecto a los requisitos fijados para la designación de jueces, cuando precisa que debe realizarse mediante concursos de antecedentes y oposición. Esto llevará a que el CAT cuestione judicialmente la constitucionalidad de la ley", anticipó García Posse, quien el próximo 5 de diciembre dejará el cargo que actualmente ocupa para asumir al frente del Tribunal de Etica de la misma institución. El abogado agregó que se "generó un grave desorden jurídico, puesto que coexisten dos normas diferentes que atribuyen a dos poderes del Estado distintos la facultad de cubrir transitoriamente las vacantes producidas en la Justicia. Por un lado -explicó- está la Ley Orgánica de Tribunales, que no fue modificada y está en plena vigencia, la cual faculta a la Corte Suprema para seleccionar a los magistrados subrogantes; mientras que por otro tenemos esta ley sancionada por la Legislatura que le otorga esa misma facultad al Ejecutivo". Además, García Posse advirtió que "lo más grave es que, además del CAT, también los letrados particulares seguramente cuestionarán la constitucionalidad de esa norma. Lo que terminará sucediendo con esta ley es que los abogados impugnarán los nombramientos de los jueces subrogantes que surjan mediante su aplicación y también objetarán las sentencias que éstos dicten, debido a que no cumplirán con los requisitos establecidos constitucionalmente para su elección en propiedad", precisó. Finalmente, el secretario saliente del CAT opinó que "esta situación hace pensar que, en realidad, el Gobierno no quiere solucionar un problema por la falta de cobertura de vacantes, sino, por el contrario, sumir al Poder Judicial en una crisis mucho más profunda de la que se encuentra, con intenciones que por ahora son desconocidas".

Severas advertencias
El presidente electo del CAT, Eudoro Aráoz, quien asumirá el cargo el próximo 5 de diciembre, consideró que la ley sancionada por la Legislatura esta semana "es groseramente inconstitucional". En este sentido, advirtió que la norma "transgrede las pautas fijadas, tanto en la Carta Magna nacional como provincial, que ordenan la realización de concursos de antecedentes y oposición para la designación de jueces". Aráoz señaló que la Cámara "debería haber sancionado una ley ordenando la integración de un Consejo Asesor de la Magistratura, donde estén representados los poderes políticos, pero también la magistratura y el Colegio de Abogados, con una integración proporcional. En cambio, sacaron una norma que faculta al PE a nombrar discrecionalmente a los jueces, que no serán de la Constitución y, por ende, serán objeto de impugnaciones por parte de los abogados que tramiten juicios", disparó. El abogado advirtió que "debido a esa situación, con los jueces subrogantes impugnados, lo que pasará es que demorarán más de lo normal la resolución de las causas, debido a que primero habrá que resolver los planteos presentados contra los magistrados, agravando la crisis de la administración de justicia". Por otro lado, Aráoz cuestionó el hecho de que la norma aprobada el jueves "no fija un término de duración de las subrogancias, cuando hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecen un término perentorio de un año para esos cargos interinos". El directivo dijo que con la medida aprobada por el oficialismo legislativo "en forma indirecta, se están eludiendo los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativa y de la Corte Suprema de la provincia, que establecen la integración de un CAM para la selección de jueces, con la participación de todos los sectores interesados en el bienestar de la Justicia". Finalmente, Aráoz sostuvo que "la Corte aún está facultada, por la Ley Orgánica de Tribunales, para designar jueces subrogantes que cubran las vacantes producidas en los últimos meses. Por eso, creo que, si se quiere, se puede evitar la judicialización de este tema", concluyó.

Qué dice la norma cuestionada
La ley sancionada el jueves declara la emergencia del Poder Judicial y establece que el PE elegirá a los postulantes a cubrir interinamente las vacantes ya producidas (más de 30) y las que puedan generarse en la Justicia, a raíz de la jubilación de magistrados, para que la Legislatura preste su acuerdo. Además, prevé la creación de un registro de aspirantes a jueces interinos, en la órbita del Ministerio de Gobierno, que deberá llamar a inscripción de interesados dentro de los 15 días de producida una vacante.Tras la conformación de esa nómina, el PE tendrá otros 15 días para elegir de allí a los postulantes y remitir sus pliegos a la Cámara, para que ésta preste su acuerdo.La norma no contempla la realización de concursos de antecedentes entre los candidatos y sólo fija como requisitos para acceder a los juzgados vacantes tener 35 años de edad y por lo menos 10 años de ejercicio profesional como abogado, en el caso de camaristas; y ser mayor de 30 años, con cinco ejerciendo como letrado, para el caso de los jueces de primera instancia y defensores públicos. El oficialismo defendió la omisión de los concursos señalando que era necesario establecer un mecanismo expeditivo, que permita una rápida cobertura de la treintena de vacantes producidas en los últimos tiempos y que no pudieron ser cubiertas debido a que el sistema que establecía la Carta Magna de 2006 (un CAM creado en la órbita del Ejecutivo), fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.»