FUENTE: LA GACETA - SUPLEMENTO TRIBUNALES«Continuidad con cambios. Así puede definirse la propuesta de Eudoro Aráoz, que aspira a su suceder a Antonio Bustamante en la presidencia del Colegio de Abogados por la Lista Juan B. Alberdi-Moreno-Verde. “El principio filosófico es el mismo, pero la idea es trabajar para los letrados más jóvenes, que más están sufriendo la situación por la que pasa la Justicia y los acosos de la crisis económica”, aclaró “Toto”, como lo llaman.
-Usted avala la gestión de Bustamante, pero insiste en que debe empezar otra etapa.-No renegamos de lo que se hizo. Lo sentimos, porque los tucumanos somos tributarios del pensamiento jurídico argentino más lúcido, el de Juan B. Alberdi, quien en la Constitución plasmó, como un elemento esencial, la independencia, el equilibrio y la posibilidad de que un poder controle a otro, en un sistema de pesos y contrapesos. Y, para eso, es esencial una Justicia independiente, que, aunque parezca mentira, al que más favorece es al abogado que recién empieza, al poco conocido, que tiene menos armas y fuerzas para ir a golpear las puertas de un juez. Obviamente, esta garantía es para todos, pero, fundamentalmente, más que para los abogados, para quien usa del servicio jurídico; para ese ciudadano común, desconocido, que a veces tiene que pelear contra grandes empresas, contra el Estado, contra un funcionario público, y para quien, si no hay una Justicia independiente, le será muy difícil.
-¿Qué evaluación hace de estos cuatro años de gestión? -Fue una gestión que puso el acento en un elemento esencial, la lucha por la independencia del Poder Judicial, y que, lamentablemente, no pudo transmitir muchas otras cosas que hizo a favor de los abogados. Quedó, entonces, como una gestión que se dedicó a lo institucional y a tener que enfrentar a un gobierno de turno. Los abogados estaríamos contentísimos en no tener que cumplir ese rol, de estar permanentemente marcando ciertas pautas. Nos gustaría más dedicarnos a cosas concretas, que hacen al ejercicio cotidiano de la profesión, como, por ejemplo, que las sentencias no digan: “con posterioridad regúlese honorarios”. Si uno apela o va a la Corte, sucede lo mismo. Entonces, termina el juicio y el letrado tiene dos años de trayecto para que le regulen los honorarios, lo que también suele ser apelado, con lo que termina cobrando a los cuatro años. A esto, como a la atención en los mostradores, que hace a la eficiencia del servicio de justicia, preferiríamos abocarnos, porque hace a nuestra subsistencia diaria y también le sirve a la persona que va a buscar el auxilio de un abogado.
-¿Le preocupa que el Gobierno pueda interferir en las elecciones del Colegio? -Apelo, esencialmente, a la lucidez y a la independencia de pensamiento de cada uno de los abogados. Si alguien cree que puede manejar a un abogado, es un problema de quien se deje manejar. Nosotros apelamos a ese mandato histórico, a esa tradición de independencia de la que gozó el Colegio y por la que fue objeto de atentados y bombas, por su defensa de los derechos humanos y de la independencia de los poderes. Seguiremos defendiendo los valores universales, aquellos respecto de los cuales, muchas veces, la gente no percibe la dimensión real que ostentan, y recién se sienten afectados cuando llegan a Tribunales con un pleito y se dan cuenta del peso de un poder agobiando, sofocando o, bien, tratando de ponerle límites a otro.
-El gobernador dice que los abogados no pueden tener interés en designar jueces...-Los abogados no designamos jueces. A estos los designa el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura. Los abogados pretendemos participar de la selección de quienes se postulan para ser jueces. ¿Quién más que nosotros, la Corte o los jueces mismos conocemos a las personas que transitan los pasillos de Tribunales, sus calidades, cualidades y condiciones? Sólo pretendemos decir: “proponemos que esta persona o terna pueda ser designada, previo concurso y examen no sólo de su competencia profesional, sino de su forma de ser, de su personalidad, porque un juez no solamente tiene que ser un abogado que sepa derecho, sino alguien con convicciones firmes, democráticas, y con independencia de criterio”. No pretendemos designar, sino que nos escuchen, porque lo esencial de la democracia es el diálogo. El gobernante ha sido elegido par conducir, pero, a su vez, debe escuchar al pueblo. Nosotros somos parte del pueblo. No somos una organización política que busca desplazar del poder a nadie, no somos un organismo de presión. Velamos por los intereses de los abogados, y estos por los intereses de su cliente, que puede ser cualquier ciudadano.
-¿Cómo deben ser cubiertas temporalmente las vacantes de la Justicia hasta que se resuelve la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)?-Tenemos una situación de urgencia, especialmente en fueros como el de Familia y Sucesiones. La Corte Suprema puede recurrir a los jueces que se jubilaron por la ley nacional (la 24.018), que prevé que el magistrado vuelva transitoriamente al cargo cuando se lo necesita; incluso pueden suspenderle el cobro de la jubilación si se niega sin motivo, porque es una carga pública. No hay que discutir tanto quién, cómo o cuándo; hay que hacerlo ahora. La gente necesita el servicio de justicia, que es una obligación del Estado.
-Usted pide que todos los cargos que hay en la Justicia, no sólo los relacionados con la judicatura, sean cubiertos por concursos...-Sólo así todos los abogados gozarán de igualdad de oportunidades para presentarse. Sin importar quién o de dónde son; todos podrán decir: “yo quiero participar, me siento en condiciones de ocupar ese cargo”. Luego se decidirá. Es lo que hicieron Mario Racedo y Daniel Bejas en la Justicia Federal. Nadie lo esperaba, pero llamaron a concurso. Incluso hubo casos en que, después de un año de haber concursado y de acuerdo con el orden de mérito, fueron llamados a ocupar otros cargos que habían quedando vacantes. Eso es saludable y no sólo en la Justicia, en todos los cargos públicos. La gente está enferma del nepotismo, de la gauchada, de que se entre por ser de tal o cual partido. Esto va creando un agobio y una desilusión entre los jóvenes abogados. Y lo mismo pasa en otras profesiones en las que quieren concursar, aunque sea para un cargo menor.»
-Usted avala la gestión de Bustamante, pero insiste en que debe empezar otra etapa.-No renegamos de lo que se hizo. Lo sentimos, porque los tucumanos somos tributarios del pensamiento jurídico argentino más lúcido, el de Juan B. Alberdi, quien en la Constitución plasmó, como un elemento esencial, la independencia, el equilibrio y la posibilidad de que un poder controle a otro, en un sistema de pesos y contrapesos. Y, para eso, es esencial una Justicia independiente, que, aunque parezca mentira, al que más favorece es al abogado que recién empieza, al poco conocido, que tiene menos armas y fuerzas para ir a golpear las puertas de un juez. Obviamente, esta garantía es para todos, pero, fundamentalmente, más que para los abogados, para quien usa del servicio jurídico; para ese ciudadano común, desconocido, que a veces tiene que pelear contra grandes empresas, contra el Estado, contra un funcionario público, y para quien, si no hay una Justicia independiente, le será muy difícil.
-¿Qué evaluación hace de estos cuatro años de gestión? -Fue una gestión que puso el acento en un elemento esencial, la lucha por la independencia del Poder Judicial, y que, lamentablemente, no pudo transmitir muchas otras cosas que hizo a favor de los abogados. Quedó, entonces, como una gestión que se dedicó a lo institucional y a tener que enfrentar a un gobierno de turno. Los abogados estaríamos contentísimos en no tener que cumplir ese rol, de estar permanentemente marcando ciertas pautas. Nos gustaría más dedicarnos a cosas concretas, que hacen al ejercicio cotidiano de la profesión, como, por ejemplo, que las sentencias no digan: “con posterioridad regúlese honorarios”. Si uno apela o va a la Corte, sucede lo mismo. Entonces, termina el juicio y el letrado tiene dos años de trayecto para que le regulen los honorarios, lo que también suele ser apelado, con lo que termina cobrando a los cuatro años. A esto, como a la atención en los mostradores, que hace a la eficiencia del servicio de justicia, preferiríamos abocarnos, porque hace a nuestra subsistencia diaria y también le sirve a la persona que va a buscar el auxilio de un abogado.
-¿Le preocupa que el Gobierno pueda interferir en las elecciones del Colegio? -Apelo, esencialmente, a la lucidez y a la independencia de pensamiento de cada uno de los abogados. Si alguien cree que puede manejar a un abogado, es un problema de quien se deje manejar. Nosotros apelamos a ese mandato histórico, a esa tradición de independencia de la que gozó el Colegio y por la que fue objeto de atentados y bombas, por su defensa de los derechos humanos y de la independencia de los poderes. Seguiremos defendiendo los valores universales, aquellos respecto de los cuales, muchas veces, la gente no percibe la dimensión real que ostentan, y recién se sienten afectados cuando llegan a Tribunales con un pleito y se dan cuenta del peso de un poder agobiando, sofocando o, bien, tratando de ponerle límites a otro.
-El gobernador dice que los abogados no pueden tener interés en designar jueces...-Los abogados no designamos jueces. A estos los designa el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura. Los abogados pretendemos participar de la selección de quienes se postulan para ser jueces. ¿Quién más que nosotros, la Corte o los jueces mismos conocemos a las personas que transitan los pasillos de Tribunales, sus calidades, cualidades y condiciones? Sólo pretendemos decir: “proponemos que esta persona o terna pueda ser designada, previo concurso y examen no sólo de su competencia profesional, sino de su forma de ser, de su personalidad, porque un juez no solamente tiene que ser un abogado que sepa derecho, sino alguien con convicciones firmes, democráticas, y con independencia de criterio”. No pretendemos designar, sino que nos escuchen, porque lo esencial de la democracia es el diálogo. El gobernante ha sido elegido par conducir, pero, a su vez, debe escuchar al pueblo. Nosotros somos parte del pueblo. No somos una organización política que busca desplazar del poder a nadie, no somos un organismo de presión. Velamos por los intereses de los abogados, y estos por los intereses de su cliente, que puede ser cualquier ciudadano.
-¿Cómo deben ser cubiertas temporalmente las vacantes de la Justicia hasta que se resuelve la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)?-Tenemos una situación de urgencia, especialmente en fueros como el de Familia y Sucesiones. La Corte Suprema puede recurrir a los jueces que se jubilaron por la ley nacional (la 24.018), que prevé que el magistrado vuelva transitoriamente al cargo cuando se lo necesita; incluso pueden suspenderle el cobro de la jubilación si se niega sin motivo, porque es una carga pública. No hay que discutir tanto quién, cómo o cuándo; hay que hacerlo ahora. La gente necesita el servicio de justicia, que es una obligación del Estado.
-Usted pide que todos los cargos que hay en la Justicia, no sólo los relacionados con la judicatura, sean cubiertos por concursos...-Sólo así todos los abogados gozarán de igualdad de oportunidades para presentarse. Sin importar quién o de dónde son; todos podrán decir: “yo quiero participar, me siento en condiciones de ocupar ese cargo”. Luego se decidirá. Es lo que hicieron Mario Racedo y Daniel Bejas en la Justicia Federal. Nadie lo esperaba, pero llamaron a concurso. Incluso hubo casos en que, después de un año de haber concursado y de acuerdo con el orden de mérito, fueron llamados a ocupar otros cargos que habían quedando vacantes. Eso es saludable y no sólo en la Justicia, en todos los cargos públicos. La gente está enferma del nepotismo, de la gauchada, de que se entre por ser de tal o cual partido. Esto va creando un agobio y una desilusión entre los jóvenes abogados. Y lo mismo pasa en otras profesiones en las que quieren concursar, aunque sea para un cargo menor.»
Vocación por la cosa pública
Eudoro Domingo Araoz: tiene 57 años, es viudo y padre de tres hijas; dos de ellas estudian Derecho.Cargos publicos: abogado graduado de la UNT (además de maestro normal). Entre 1983 y 1987 fue concejal de la capital por la UCR. También fue presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones y juez del Tribunal de Faltas (1991-1995).
ARTICULOS RELACIONADOS
“Quiero dialogar con los poderes políticos, con la Corte, con los jueces”
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario